El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo cambiará la ley para que sea la banca y no el cliente el que deba pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) en la firma de una hipoteca, pese a la decisión adoptada en la víspera por el Tribunal Supremo.
En rueda de prensa, Sánchez ha explicado que esta modificación, motivada para "que nunca más los españoles paguen este impuesto", se realizará a través de un real decreto ley, que aprobará mañana el Consejo de Ministros y que deberá contar posteriormente con el visto bueno del resto de grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.
Antes de comparecencia, el presidente del Gobierno se había reunido en el Palacio de la Moncloa con su vicepresidenta, Carmen Calvo, y los ministros Nadia Calviño, María Jesús Montero y José Luis Ábalos para analizar el criterio del Supremo.
El Congreso está a punto de finalizar la reforma de la ley hipotecaria (una transposición de una directiva europea en la que España lleva mucho retraso) y en su trámite parlamentario varios grupos políticos, como Ciudadanos y Unidos Podemos, habían solicitado legislar sobre el reparto de gastos en las hipotecas y dejar claro que es el banco el que debe pagar el impuesto. La primera reacción del Partido Popular al conocer el cambio de criterio del Supremo fue un tuit de su secretario general, Teodoro García Egea, pidiendo la supresión del impuesto.
El AJD es aproximadamente un 70% de los gastos asociados a la constitución de una hipoteca. La recaudación es para las comunidades autónomas. La decisión de cambiar la redacción de la ley actual aclararía la norma sin penalizar a la banca que no tendría que pagar retroactivamente el impuesto que han pagado los clientes hasta ahora.
El Tribunal Supremo acordó la noche del martes en una tensa y ajustada deliberación (con 15 votos a favor y 13 en contra) volver al criterio por el que el solicitante de un préstamo hipotecario debe asumir el cargo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Lo ajustado del resultado deja claro, según una fuente jurídica, que la redacción de la ley actual es demasiado interpretable.
El Supremo había decidido a mediados de octubre que el impuesto lo pagara la banca, lo que supuso una fuerte caída en bolsa de los bancos, con estimaciones de costes que iban entre 640 millones de euros y 17.000 millones de euros para el conjunto del sector en función de la posible retroactividad y que también habría afectado al déficit público.
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